• El Pleno de este organismo garante resolvió diversos proyectos relacionados con acceso a los grados de estudios, el inventario de armamentos y una transferencia bancaria realizada por el TRIJAEM

Debió ordenarse el acuerdo de inexistencia respecto del último grado o nivel de estudios de las y los integrantes del cabildo, toda vez que es información que se integra en su expediente laboral. De igual forma, debe ordenarse la entrega del expediente laboral completo de un presidente municipal, aseguró José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), quien emitió votos disidentes en dichos proyectos, ya que la ciudadanía tiene el derecho de acceder a dicha información.

Durante la 32ª Sesión Ordinaria del Pleno de este organismo autónomo, conducida en esta ocasión por la Comisionada Sharon Morales Martínez, se resolvieron 304 recursos de revisión, además de ordenar la imposición de un apercibimiento como medida de apremio al Presidente Municipal de Villa de Allende, Cirilo Flores Velázquez, debido al incumplimiento a las resoluciones emitidas por este Instituto.

Por otra parte, la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala emitió un voto disidente en otro recurso de revisión, tras no compartir la clasificación del inventario del armamento de un sujeto obligado. Expuso que es información estadística y, por tanto, no es susceptible de clasificarse; añadió que debe entregarse, pues no ocasiona ninguna vulneración a la seguridad pública ni hace identificable a ningún elemento operativo. Aunado a ello, existe un interés público mayor de conocer la información que consideró de gran trascendencia para la seguridad pública de las y los mexiquenses.

En su participación, la Comisionada Sharon Morales Martínez resaltó que el recurso de revisión relacionado con la transferencia de más de 32 millones de pesos que salieron de las cuentas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), en diciembre de 2023, es un asunto que la sociedad merece conocer; pues cuando la persona solicitó la información, se le indicó que ésta se encontraba clasificada porque seguía en curso la investigación; sin embargo, la prueba de daño presentada fue deficiente y no cumplió con los requisitos establecidos por la ley.

Ante ello, el Infoem ordenó la entrega de la información; por lo que, la Comisionada externó que, más allá de especulaciones que deben investigarse, lo que está en juego es el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se manejan y cuál es el destino de los recursos públicos, que establece la confianza en las instituciones y permite saber que el dinero público se administra con responsabilidad.

Por otro lado, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega se manifestó en el sentido de analizar de fondo los recursos de revisión, cuando en el expediente no existan los elementos suficientes que permitan acreditar que al recurrente no le asiste la razón, cuando afirme que no recibió la respuesta por correo electrónico y/o la Plataforma Nacional de Transparencia; ya que, de lo contrario, al sobreseer los recursos de revisión sin esta verificación, se le deja en estado de indefensión, al privarle del derecho a que su solicitud sea atendida de manera correcta en atención de los principios de máxima publicidad y debido proceso.

Ahora bien, con respecto al recurso del TRIJAEM, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña emitió voto disidente al no compartir que se ordene la entrega de la información, toda vez que en virtud de lo contenido en el expediente que integraba la solicitud y de acuerdo a lo manifestado por la autoridad competente, estimó que se actualizaba una de las causales de reserva previstas en la ley en la materia.

Si bien coincidió en que es un caso de interés público y de suma relevancia, señaló que no se contaba con la información requerida en la fecha en que el particular la requirió; por lo que destacó que se debieron dejar a salvo sus derechos para que pregunte de nueva cuenta.

Cabe destacar que, en esta sesión, además del apercibimiento dirigido al presidente municipal de Villa de Allende, se aprobó también la imposición de cuatro apercibimientos, así como 16 amonestaciones públicas, dirigidas a titulares de unidades de transparencia (TUT) de diversos sujetos obligados, lo que constituyó un total de 21 medidas de apremio impuestas por el Pleno del Infoem.