• En la 34ª Sesión Ordinaria del Pleno del Infoem se emitió un pronunciamiento con motivo del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

México y todos los países deben tener órganos fuertes que resguarden la privacidad, pues de no hacerlo, se afecta a toda la ciudadanía. Recientemente, de forma ilegal, la ciber delincuencia vendió una base con 20 millones de datos de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y si no hay instituciones que se encarguen de esto; toda la ciudadanía nos convertimos en “carne de cañón”; enfatizó José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

En la 34ª Sesión Ordinaria del Pleno de este organismo autónomo, el Comisionado Presidente externó que es de gran importancia que haya una autoridad que garantice la privacidad, vigile la protección de datos y además, asegure la transparencia, pues si no se tienen posibilidades de acceder a información pública gubernamental, los inversionistas, calificadoras financieras, la coordinación con tratados comerciales internacionales, empresarios y otros países tendrán observaciones y dificultades para invertir en México.

En este sentido, en el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, a celebrarse el próximo 28 de septiembre, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, quien en esta ocasión presidió esta sesión, expuso el pronunciamiento, en el cual detalló que con más de 57 mil solicitudes y más de 10 mil recursos de revisión recibidos del 1 de enero al 21 de septiembre en la entidad; el Infoem reitera su llamado a la ciudadanía para que haga uso de ambos derechos humanos, pues “la participación social es el motor que garantiza que las conquistas en esta materia sean progresivas y se fortalezcan continuamente”.

Asimismo, exhortó a los sujetos obligados a asumir su compromiso con la transparencia, demostrando que la responsabilidad en la construcción de un gobierno abierto, es compartida. En tanto, al hablar sobre la Resolución sobre educación digital, privacidad y protección de datos personales, aprobada por unanimidad en la reciente reunión anual de la Asamblea Global de Privacidad (GPA), enfatizó que es una hoja de ruta indispensable para todos los países miembros, pues la privacidad y ética tecnológica deben ser ejes transversales en todos los niveles educativos.

En otro sentido, durante el desarrollo de la sesión del Pleno, en la cual se resolvieron 97 recursos de revisión y se impusieron 31 medidas de apremio, de las cuales tres fueron apercibimientos y los 28 restantes constituyeron amonestaciones públicas todas a titulares de las unidades de transparencia de diversos sujetos obligados; la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala emitió su voto a favor de los proyectos presentados.

Por su parte, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió su voto en contra en un proyecto, tras considerar que no debió sobreseerse, ya que el ciudadano pidió conocer el motivo y fundamento del regreso de una presidenta municipal, así como el acta o resolución que acreditara formalmente su reincorporación. En la respuesta recibida se limitaron a señalarle que, en una sesión de cabildo, la propia presidenta informó su regreso, pero no se le entregó el documento que solicitó. Al elaborar el recurso, expresó con mayor claridad su petición. Considerar esto como ampliación de la solicitud, dijo, es un formalismo excesivo que limita el derecho de acceso a la información, lo que además contraviene el derecho pro persona del ciudadano.

Finalmente, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña emitió un voto disidente en otro proyecto de resolución, pues consideró que de acuerdo con sus obligaciones legales, el Colegio de Bachilleres del Estado de México (Cobaem) cuenta con información relativa al monto asignado a la plaza de un servidor público, conforme al anexo de ejecución firmado en el gobierno federal y estatal, por lo que debe contar con el desglose de las aportaciones federales y estatales que integran el importe anual pagado a cada persona servidora pública; motivo por el cual se debió ordenar la entrega de la información solicitada.