• José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del organismo autónomo, aseguró que el acceso a la información y la protección de datos personales continuarán garantizándose para todas y todos los habitantes de la entidad

Estamos en una etapa de cambios en México, con relación a cómo se organizarán estos institutos. Comenzaron con el organismo nacional (Inai), que ya se extinguió, y los estados tendrán que pasar un cambio similar; lo que no desaparecerán son los dos derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Puede que ambos continúen con un modelo distinto, en otra institución o con otro esquema, pero no van a extinguirse, porque la tendencia nacional e internacional es seguir garantizándolos, aseguró José Martínez Vilchis.

El Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) hizo un llamado a las y los servidores públicos mexiquenses a seguir atendiendo las solicitudes de información y a cargar su información en los portales correspondientes, pues la población sigue pidiéndola y en una entidad con 17 millones de habitantes, ambos derechos deben continuar firmes en su cumplimiento.

Lo anterior, fue señalado en el marco de la 21ª Sesión del Pleno de este instituto, que tuvo como sede el municipio de Teotihuacán y al cual acudió también Maximina Hernández Céspedes, Síndica Municipal; así como personas servidoras públicas del gobierno municipal, y titulares de unidades de transparencia de diferentes sujetos obligados.

En esta sesión, María del Rosario Mejía Ayala, Comisionada del Infoem, emitió un voto particular a uno de los proyectos de recurso de revisión presentados ante el Pleno, debido a la clasificación de la ubicación de los cuadrantes de los policías, ya que enfatizó que uno de los objetivos principales del “Programa de Cuadrantes” es el acercamiento de la policía con la ciudadanía, a fin de terminar con el anonimato de los elementos policiales, garantizando que los 365 días del año exista una persona responsable de cumplir con la vigilancia y la atención a las emergencias, así como a la ejecución de estrategias preventivas del delito.

En su participación, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió votos en contra de diversos proyectos, entre los cuales destacó uno que, consideró, debió verse con una mirada más garantista y comprometida con el derecho a saber y no sobreseerlo, pues se incurrió en una omisión procesal y la ley de transparencia local es muy clara, dijo, pues si una persona presenta un recurso de revisión que no cumple con todos los requisitos, el Infoem puede suplir la deficiencia para garantizar el derecho y, si no, debió haber avisado de manera formal al recurrente para que corrigiera o completara lo necesario, no como una mera formalidad sino como una garantía.

Por su parte, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega emitió un voto particular en uno de los proyectos, al destacar que, de conformidad con los Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados, emitidos por este instituto, las sesiones ordinarias de dichos comités deben llevarse a cabo conforme al calendario de sesiones, por lo que debió ordenarse la entrega de la información. En otro proyecto, expresó que no existe disposición normativa que obligue a las instituciones públicas a generar un documento con las funciones de personas servidoras públicas con nivel inferior a mando medio.

Finalmente, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña emitió diversos votos a los proyectos; uno de ellos, disidente, tras considerar que el ayuntamiento sí posee la información relativa a las actas de defunción solicitadas, pues son generadas por la oficialía del registro civil localizada en la delimitación territorial municipal, que forma parte de los servicios ofrecidos por el ayuntamiento y que, por tanto, obra en sus archivos; ante lo cual no puede declarase la incompetencia. El análisis debió centrarse en la naturaleza de la información y al ser integrado por datos personales, debió ordenarse el acuerdo de clasificación como información confidencial.

En esta sesión, en la cual se aprobaron 203 proyectos a recursos de revisión, así como la imposición de 15 medidas de apremio, cuatro de ellas apercibimientos y 11 amonestaciones públicas; también se aprobó la Convocatoria al segundo proceso de evaluación para obtener la Certificación en el Estándar de Competencia Laboral, EC-1057 “Garantizar el Derecho a la Información Pública”, para el año 2025.