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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :    08 de Noviembre de 2011
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El Infoem ordena entregar versiones públicas apegadas a la Ley
Toluca, México 08 de Noviembre de 2011
  • Tres alcaldías se negaron a entregar documentos de interés público, aunque existe la posibilidad de elaborar sus versiones públicas

noticiaDurante la 42ª sesión ordinaria del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem), el Pleno de este órgano garante analizó, discutió y sometió a votación un conjunto de 20 proyectos de resolución de recursos de revisión y 15 negativas de información, presentadas dentro y fuera del plazo de 15 días estipulado por la Ley de Transparencia local. Entre estos asuntos, destacaron tres recursos de revisión vinculados con negativas de información, en los cuales existía la posibilidad de elaborar versiones públicas de los documentos, a fin de responder satisfactoriamente las solicitudes ciudadanas, sin que ello implique exponer los datos personales de los servidores públicos.

En primer término, el Pleno ordenó al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl la entrega de una versión pública de la nómina de mandos medios y altos del personal administrativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esto, después de que la alcaldía se limitó a contestar a una solicitud de información con un documento público de oficio, referente a los ingresos de todos sus integrantes.

Eugenio Monterrey Chepov, comisionado presidente del Infoem, explicó que esta respuesta es improcedente, pues el ciudadano pidió claramente los datos que desea consultar y éstos no corresponden con aquéllos provistos por el Ayuntamiento. En idéntico sentido, señaló que la nómina carecía de algunos elementos, como los cargos de los servidores públicos y sus percepciones, deducciones e ingresos netos, por lo cual, de cualquier manera, no satisface los parámetros de la Ley de Transparencia local.

El comisionado Monterrey Chepov enfatizó la importancia de entregar los archivos correctos al peticionario; sin embargo, también mencionó que es necesario elaborar una versión pública de este tipo de documentos, pues contienen datos personales cuya exposición constituye un factor de riesgo para la integridad de los involucrados. Así, indicó que deberán suprimirse el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), la Clave del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y los descuentos que no correspondan a los impuestos de los servidores públicos.

Monterrey Chepov aclaró que lo solicitado por el particular es de carácter público, aunque no de oficio, como sí ocurre con el tabulador y la lista de servidores públicos que la alcaldía entregó como respuesta, información que debe estar disponible en los portales electrónicos de las instituciones, para la consulta directa de los ciudadanos.

En una dirección similar, el Pleno ordenó al Ayuntamiento de Ozumba la entrega de datos relacionados con el monto invertido en telefonía local y móvil, en el periodo de enero a septiembre del año en curso. Esto, luego de que la alcaldía no emitió respuesta a una solicitud de información ciudadana, en la cual el particular destacó que resulta de interés general, pues implica la erogación de recursos públicos.

El comisionado Federico Guzmán Tamayo explicó que el Ayuntamiento tiene la obligación de generar la información requerida por el peticionario, ya que se refiere a gastos cubiertos con dinero público y sustentados con facturas telefónicas de corte mensual, lo que justifica su publicidad, con la función de transparentar el ejercicio presupuestal, que debe administrarse con eficiencia y honradez.

De igual manera, mencionó que se debe distinguir entre el uso otorgado a los aparatos de comunicación señalados en la solicitud, pues los bienes concedidos como prestaciones en el ámbito del servicio público pueden ser utilizados para fines personales y, si bien los teléfonos móviles son pagados por el erario institucional, la única información pública derivada de esta solicitud radica en los costos y el nivel de los funcionarios que tienen derecho a la asignación de estos dispositivos.

Por estas razones, Guzmán Tamayo enfatizó la importancia de generar una versión pública de los documentos solicitados, en la cual deben suprimirse los números telefónicos personales de los integrantes de la alcaldía, para evitar la comisión de delitos.

Finalmente, los comisionados ordenaron al Ayuntamiento de Tlalnepantla la entrega de las licencias de funcionamiento de comercios que expenden bebidas alcohólicas en la demarcación, después de que la alcaldía respondió a la petición de información de un ciudadano mediante una lista de establecimientos que no cumple con los postulados de la Ley de Transparencia local.

El comisionado Federico Guzmán Tamayo puntualizó que el Ayuntamiento procesó los datos requeridos, bajo el argumento de que "contienen información personal que pone en riesgo la integridad física, patrimonial y económica de los contribuyentes". Empero, esta afirmación no justifica la reserva absoluta de los documentos, sino que implica la necesidad de generar sus versiones públicas, las cuales consisten en la supresión de los datos personales de los comerciantes, con el objetivo de que el solicitante pueda consultar libremente el resto de las licencias.

En este sentido, destacó que la reserva de estos documentos resulta doblemente improcedente, pues el artículo 12 de la Ley de Transparencia local establece que "los expedientes concluidos relativos a la expedición de permisos, licencias, certificaciones y concesiones" se engloban en la información pública de oficio, que debe permanecer a la vista de la ciudadanía en el portal electrónico del Ayuntamiento.

Asimismo, el comisionado Guzmán Tamayo y la comisionada Myrna García Morón enfatizaron que esta clase de solicitudes deben responderse de la manera más clara y expedita posible, ya que su interés público radica, por ejemplo, en la posibilidad de conocer con certeza los riesgos que suponen estos comercios en las inmediaciones de las instituciones educativas de la demarcación, además de su capacidad de respuesta frente a cualquier siniestro. De este modo, subrayaron, la rendición de cuentas no sólo abona al escrutinio de la gestión gubernamental, sino que permite a la población tomar decisiones sobre sus actos cotidianos.

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