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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :    11 de Octubre de 2011
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El Infoem refuerza mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información
Toluca, México 11 de Octubre de 2011
  • En el análisis de recursos de revisión, el Pleno indicó que no existen pretextos para no entregar la información a los solicitantes.

noticiaDurante la 38ª sesión ordinaria del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem), el Pleno de este órgano garante analizó, discutió y sometió a votación un conjunto de 53 proyectos de resolución de recursos de revisión y 31 negativas de información, interpuestas dentro y fuera del plazo de 15 días establecido por la Ley de Transparencia local. Entre estos asuntos, poco más de medio centenar fueron derivados de la atención inadecuada a solicitudes de información vinculadas con estados de posición financiera y padrones de proveedores de bienes y servicios.

Ante estas peticiones, numerosos ayuntamientos mexiquenses acudieron a toda clase de pretextos para evadir la entrega de los datos requeridos, a pesar de que el marco legal especifica claramente que deben obrar en sus archivos y que constituyen un ámbito de interés público, pues implican la gestión de recursos institucionales y ésta es una de las bases esenciales del derecho de acceso a la información.

A decir del comisionado Federico Guzmán Tamayo, las respuestas a estas solicitudes de información constituyen una muestra de "la creatividad de los ayuntamientos para evitar la entrega de la información", ya que, aunque versan sobre la misma petición, los Comités de Información de las alcaldías argumentaron diversas justificaciones incorrectas para declarar los datos como inexistentes o confidenciales.

Como ejemplo, el comisionado Guzmán Tamayo citó supuestos obstáculos para el acceso a la información, como la modalidad de entrega, pues algunas alcaldías determinaron que los estados de posición financiera sólo pueden consultarse in situ, a pesar de que los ciudadanos la pidieron a través del Sistema de Control de Solicitudes instrumentado por el Infoem. Asimismo, otros declararon la inexistencia de los catálogos de proveedores, en razón de que los municipios son muy pequeños y realizan compras a baja escala.

Igualmente, algunos otros contestaron que la información es confidencial, porque contiene datos personales o números de cuentas bancarias; otros más, adujeron que los datos se encuentran en proceso de fiscalización o deliberación ante la instancia pertinente para ello, por lo que es imposible ponerlos a disposición del público. De la misma manera, algunas alcaldías llegaron al extremo de pronunciar que la entrega de este tipo de datos podría poner en riesgo la seguridad financiera de la demarcación.

El Pleno del Infoem acordó que estos argumentos son inválidos para negar el acceso a la información y determinó que, en todo caso, es necesario elaborar versiones públicas de los documentos que contengan números de cuenta bancarios, pues suprimirlos previene la posibilidad de fraudes, falsificaciones o ataques cibernéticos.

En los demás aspectos, refirmó que el secreto bancario y los procesos de fiscalización no son pretextos para declarar los datos como reservados, pues dichas premisas aplican únicamente a las instituciones bancarias y a los organismos encargados de los procesos de fiscalización o auditoría. Así, los comisionados del Infoem ordenaron la entrega de estos documentos a los solicitantes.

En otros temas, el Pleno del Infoem sometió a votación los proyectos de resolución a recursos de revisión relacionados con la entrega de contratos, facturas, recibos de pago, montos de recaudación, expedientes de obra pública, planes de desarrollo municipal e informes de ejecución de varios proyectos de desarrollo, interpuestos contra una amplia diversidad de instancias. En cada caso, los comisionados se pronunciaron por el respeto irrestricto a la Ley de Transparencia local y por el fortalecimiento de los criterios que rigen la entrega de la información, sea en su versión íntegra o pública, la cual contempla la supresión de datos para resguardar la privacidad y la seguridad.

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