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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :    25 de Agosto de 2011
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El Infoem aprueba criterios de interpretación jurídica y reafirma parámetros de versiones públicas
Toluca, México 25 de Agosto de 2011
  • Los criterios clarifican los alcances del derecho de acceso a la información y las posibilidades de respuesta que deben asumir los sujetos obligados.

noticiaDurante la 31ª sesión ordinaria del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios (Infoem), el Pleno de este órgano garante discutió y aprobó 36 proyectos de resolución de recursos de revisión y 10 negativas de información interpuestas dentro de los quince días marcados por la Ley en la materia. Además, debatió, enriqueció y sometió a votación una serie de criterios de interpretación jurídica que contribuirán a clarificar los alcances del derecho de acceso a la información, así como las posibilidades de respuesta que, frente a su ejercicio, deben asumir los sujetos obligados. De este modo, también homologarán la toma de decisiones sobre aspectos específicos de los recursos de revisión.

Después de anunciar que el criterio 0001-11, discutido en sesiones anteriores, fue publicado en la Gaceta de Gobierno, Federico Guzmán Tamayo, coordinador de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Infoem, expuso el contenido de los criterios 0002-11, 0003-11 y 0004-11. El primero de ellos delimita los alcances del derecho de acceso a la información pública, que consiste en la prerrogativa constitucional de consultar los datos registrados en cualquier soporte que, en ejercicio de sus atribuciones, sean generados, administrados o se encuentren en posesión de los sujetos obligados.

Mientras tanto, el criterio 0003-11 especifica las condiciones y las respuestas de las búsquedas de información pública a solicitud de los ciudadanos, particularmente en las declaratorias de inexistencia de los datos.

En este rubro, Eugenio Monterrey Chepov, comisionado presidente del Infoem, hizo la propuesta de tres variables de resolución para los comités de información correspondientes: el acuerdo de inexistencia podrá suscribirse cuando los datos se hayan generado, administrado y poseído, pero se hayan descartado por distintos motivos justificados; cuando el sujeto obligado deba, como parte de sus atribuciones, generar, administrar y poseer la información requerida, pero haya incumplido con esta responsabilidad, y cuando el sujeto obligado no posea los datos porque, sencillamente, no le corresponde su generación, administración o resguardo.

En este mismo sentido, Guzmán Tamayo y Myrna García Morón, comisionada de este órgano garante, agregaron la opción de declarar la inexistencia de la información cuando se presente un hecho negativo; es decir, cuando el sujeto obligado no posea los datos solicitados simplemente porque no se han emitido, sin que ello signifique una omisión.

Finalmente, el criterio 0004-11 establece los propósitos y los alcances de las declaratorias de inexistencia de la información que, en caso necesario, pueden emitir los sujetos obligados, según aparece en los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia. En estas situaciones, resulta indispensable dar certeza jurídica a los pronunciamientos mediante la entrega de documentos que avalen que los datos no se encuentran en poder del sujeto obligado correspondiente, con razones fundadas y debidamente motivadas.

En otros asuntos, el Pleno insistió en la responsabilidad que recae en los comités de información de los sujetos obligados, pues continúan emitiendo declaratorias de inexistencia de información infundadas, sin haber realizado una búsqueda exhaustiva de los documentos, y entregando versiones públicas desprovistas de acuerdo de clasificación, lo cual complica la atención expedita de las solicitudes de información.

Por lo tanto, los comisionados reiteraron que incurrir en estos actos implica entregar a los recurrentes documentos "mutilados e ilegibles", razón por la cual es indispensable generar declaratorias de inexistencia y versiones públicas con los fundamentos necesarios, a fin de garantizar la certeza jurídica en estos aspectos.

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