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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :   18 de Noviembre de 2013
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Instituciones públicas, obligadas a proteger datos personales de menores inscritos en programas sociales
Toluca, México 18 de Noviembre de 2013

  • Miroslava Carrillo Martínez, comisionada del Infoem, participó como ponente en el Seminario "La Protección de los Datos Personales en las Redes Sociales"

noticiaComo instituciones públicas, las autoridades están obligadas a proteger los datos personales que recaban de la población; especialmente, aquéllos que pertenecen a todos los menores de edad inscritos en los padrones de beneficiarios de los programas sociales, pues, de lo contrario, su dignidad podría verse vulnerada, alertó Miroslava Carrillo Martínez, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Al dictar la ponencia "La protección de datos personales de los menores de edad", durante el Seminario "La Protección de los Datos Personales en las Redes Sociales", organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), la comisionada Carrillo Martínez destacó el amplio esfuerzo de los gobiernos por apoyar a los habitantes, al proporcionarles distintos beneficios, a través de los programas sociales correspondientes.

Sin embargo, resaltó la importancia de proteger los datos personales de los beneficiarios; sobre todo, si éstos son menores de edad, tanto al recabarlos como al procesar y publicar los padrones, así como durante la entrega de los apoyos en actividades de índole pública.

"Para acceder a un programa social, las autoridades recaban múltiples datos sensibles; por ende, no debe pasar desapercibida la importancia de proteger a los menores, pues no hablamos de textos y cifras, hablamos de la dignidad de las personas", argumentó.

La comisionada Carrillo Martínez puntualizó que, según el Plan Nacional de Desarrollo, existen 273 programas sociales; mientras que, en el contexto estatal, se cuenta con mil 391 programas, lo cual equivale a un sinnúmero de datos personales recabados y manejados por servidores públicos de un gran cúmulo de instituciones públicas, quienes deben estar conscientes de la gran responsabilidad que se encuentra ante ellos, al dar tratamiento a dicha información.

"Independientemente de las políticas públicas implementadas y de las reglas de operación de cada programa social, es indispensable que los servidores públicos cumplan con los principios de proporcionalidad, licitud, consentimiento, calidad, información y responsabilidad durante el manejo de los datos personales, además de verificar que los procedimientos para obtener tales beneficios cumplan con el interés superior de los menores", indicó.

Asimismo, enfatizó que existen programas sociales que requieren de mayor protección, como los apoyos entregados a los menores que padecen VIH/sida o cáncer, ya que la imagen y la dignidad de los beneficiarios podría violentarse y motivar actos de discriminación, así como situaciones que los afecten de manera permanente e irreversible.

Por consiguiente, recomendó a las autoridades recurrir a los procesos de disociación necesarios, para impedir que los menores sean identificados o identificables y, así, se asegure la preservación de su integridad.

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