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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :   27 de Octubre de 2013
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Urgente, aprobar Ley General de Archivos
Toluca, México 27 de Octubre de 2013

  • Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Infoem, aseveró que es prioritario que el país cuente con los mismos criterios en la materia, a fin de impulsar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública

noticiaEs urgente que los legisladores aprueben una Ley General de Archivos que permita homologar los criterios para las entidades federativas y lograr una verdadera política nacional en la materia, ya que, en la actualidad, existe fragmentación normativa para archivar los documentos generados por las instancias públicas de los diferentes ámbitos del gobierno, explicó Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Guzmán Tamayo señaló que los archivos preservan la memoria histórica de la nación. Por ello, debe evitarse que cada estado cuente con sus propias reglas, ya que las regulaciones desiguales producen inconsistencias; sobre todo, cuando los particulares desean acceder a la información pública.

En la conferencia "Implicaciones de la reforma constitucional respecto del régimen de transparencia y acceso a la información: efectos en materia de archivos", que impartió ante servidores públicos del Ayuntamiento de Huixquilucan, el comisionado destacó que el Congreso de la Unión tendrá que plantear la pronta implementación de esta Ley General, como base jurídica para el resto de la República Mexicana.

"Resulta prioritario que el país cuente con los mismos criterios en materia archivística, puesto que, de lo contrario, no es posible ejercer libremente el derecho de acceso a la información. Con el uso de las nuevas tecnologías para almacenar los documentos, también resulta impostergable registrar la generación, mantenimiento, uso y destino de cada uno de los archivos en posesión de las instituciones públicas", argumentó.

Documentar los actos públicos es una obligación de todo gobierno, indicó el comisionado, quien afirmó que no basta con que una instancia pública declare la inexistencia de un documento que, por mandato jurídico, debe poseer, generar o administrar, sino que, con la llegada de esta nueva Ley, habrá de surgir el compromiso de producir la información extraviada o inexistente, la cual tendrá que obrar en sus archivos.

Asimismo, agregó que memoria histórica y transparencia van de la mano y, además, si se encuentran en perfecto orden, manifestó, constituyen una herramienta que fortalece la democracia, por lo que instó a los asistentes a reconocer las ventajas de poseer un archivo bien organizado. En el mismo sentido, un acervo con estas características contribuye a no contravenir las disposiciones legales.

"Como servidores públicos, debemos recordar que los archivos no figuran entre las propiedades de quien los generó, porque su único dueño consiste en la propia institución. Los archivos son de la nación y, por ende, cualquier sustracción está prohibida. Los funcionarios públicos que incurran en dicha falta no escaparán de su correspondiente infracción o sanción; por ello, es importante que los documentos se encuentren en perfecto estado", dijo.

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