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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :    26 de Marzo de 2013
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Necesario, descartar términos como "archivo muerto"
Toluca, México 26 de Marzo de 2013

  • La comisionada del Infoem, Miroslava Carrillo Martínez, expresó que el derecho de acceso a la información obliga a conservar en buen estado la documentación de las administraciones precedentes

noticia"De acuerdo con la Ley de Transparencia local, las instituciones públicas se encuentran obligadas a resguardar debidamente la documentación que generan y administran, aun si las actividades que justifican su elaboración corresponden a administraciones anteriores. Resulta fundamental que los organismos públicos consideren la gestión documental como un principio rector que contribuya a la transparencia de sus acciones", dijo Miroslava Carrillo Martínez, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Durante una capacitación dirigida a servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tlalnepantla, la comisionada de este órgano garante destacó que "es muy importante desechar el uso del término 'archivo muerto' para denominar a los documentos provenientes de administraciones precedentes, pues la información aún tiene una vida útil. Ésta se convertiría, en todo caso, en archivos con baja documental; sin embargo, su importancia permanece vigente para la población, cuando se interesa por formular solicitudes de información", aseguró.

Por otra parte, la comisionada enfatizó que instituciones públicas como el DIF de Tlalnepantla suelen implementar programas de beneficios para los particulares; por lo tanto, en caso de que alguien desee acceder a los padrones de beneficiarios, puede solicitarlo sin necesidad de comprobar su identidad ni procedencia, pues el interés en esos documentos se justifica por el simple hecho de que éstos se efectúan con recursos públicos y que el acceso a la información constituye un derecho humano.

"Una de las razones más importantes para que las instituciones públicas abran el acceso a la información generada en el ejercicio de sus funciones estriba en el mandato constitucional de proteger los derechos humanos de todas las personas. Si, en la actualidad, el acceso a la información está reconocido como un derecho humano de tercera generación, es tarea de los servidores públicos garantizar tanto su ejecución como su protección", concluyó Carrillo Martínez.

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