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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :    14 de Marzo de 2013
Noticias

Universidades públicas también deben rendir cuentas
Toluca, México 14 de Marzo de 2013

  • Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Infoem, señaló algunos aspectos pendientes que los legisladores deben considerar, de cara a las reformas en materia de transparencia

noticiaLas reformas en materia de transparencia deben pormenorizar la inclusión no sólo de sindicatos y partidos políticos como sujetos obligados a las leyes en la materia, sino que deben contemplar la incorporación de tribunales administrativos, agrarios y laborales, fideicomisos y universidades públicas, pues también deben rendir cuentas de los recursos que reciben, puntualizó Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Durante su participación en el Tercer Foro de Análisis Nacional "La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México", el comisionado señaló algunos aspectos pendientes que los legisladores deben considerar, de cara a las reformas alrededor de este tópico. Entre ellos, sobresale la inserción de las universidades públicas como sujetos obligados a las leyes de transparencia.

"La sociedad tiene derecho a saber cuáles son los programas educativos con que cuentan las universidades y cuánto ganan los rectores, entre otros datos que, en ocasiones, no se entregan a los particulares con el pretexto de la autonomía universitaria, pese a que estos espacios reciben recursos públicos. Por ello, justamente, deben incluirse como sujetos obligados a la legislación de transparencia", argumentó.

En otro sentido, indicó que se requiere precisar el mecanismo utilizado para transparentar lo relativo a personas físicas que reciben recursos públicos, como becarios y beneficiarios de programas sociales, pues no deben ser sujetos obligados directos de las leyes. Por el contrario, dijo, tendrá que ser a través de la autoridad que entrega dichos montos.

Asimismo, enfatizó la necesidad de definir el alcance que tendrá la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y de especificar si existirá una Ley General frente a una Ley Federal, además de contemplar la aplicación de una verdadera autonomía jurídica para los órganos garantes de la materia en el país, a fin de emitir normas de carácter general, como reglamentos, criterios o lineamientos aplicables para las instituciones públicas.

Finalmente, Guzmán Tamayo dijo que la competencia del órgano garante federal (IFAI), como segunda instancia, no deberá establecerse sólo por la reserva o confidencialidad de la información, sino también en caso de que se niegue la consulta de la información solicitada. Sin embargo, es preciso aclarar que no deberá ser un mecanismo oficioso, sino opcional.

"Debe estipularse que no será necesario agotar el recurso ante el IFAI para interponer un amparo, pues es posible que los criterios del órgano federal clasifiquen la información que requirió el particular y no debe demorarse su derecho de acceso, si tiene la opción de acudir directamente al juicio de amparo, en vez de al IFAI", concluyó.

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