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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :    19 de Febrero de 2013
Noticias

Necesario, detener práctica perniciosa de inexistencia de la información
Toluca, México 19 de Febrero de 2013

  • Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Infoem, propuso que la Ley General de Transparencia establezca una cláusula normativa al respecto, ya que es impensable negar información por negligencia de los servidores públicos

noticiaEs necesario que la Ley General de Transparencia detenga el abuso de la práctica perniciosa de declarar la inexistencia de la información por parte de las instituciones públicas. Por lo tanto, es pertinente valorar la inclusión de una cláusula normativa que instruya, en lo posible, la elaboración de documentos, si su existencia resulta obligatoria y factible, aseguró Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Aunque es viable que un organismo público no entregue información a un solicitante, por el hecho de no haberla generado, tal respuesta sólo resulta válida en caso de que aquélla no corresponda a documentación que, por ley, deben elaborar las autoridades. De lo contrario, sería plausible ordenar a dichas autoridades la elaboración y entrega de los datos solicitados, dijo.

Durante el Primer Foro Nacional "La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México", organizado por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), el comisionado enfatizó que es deber de los servidores públicos elaborar la declaratoria de inexistencia correspondiente cuando los datos solicitados no obren en sus archivos, ya que resulta impensable negar el acceso a la información por negligencia de los funcionarios.

"No resulta admisible que se responda a las solicitudes de los particulares con una declaratoria de inexistencia de la información como resultado de la negligencia de un servidor público, pues, no por esta falta, dejarán de acceder a un documento que, por ley, debió generar la institución. Si hay obligación legal para elaborar un documento que, en ese momento, se encuentra disperso, no basta con que se notifique a los particulares esta situación", aseguró.

Guzmán Tamayo puntualizó que, si la ley lo obliga, el órgano garante del derecho de acceso a la información pública deberá establecer un plazo razonable para que dichos documentos sean elaborados y entregados a los particulares que los soliciten. "Sólo mediante el acatamiento de las disposiciones legales, los servidores públicos podrán ofrecer a la sociedad información útil, con el fin de privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas", finalizó.

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