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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :    12 de Febrero de 2013
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Poder Judicial debe atender adecuadamente solicitud de derechos ARCO
Toluca, México 12 de Febrero de 2013

  • Miroslava Carrillo Martínez, comisionada del Infoem, explicó que las instituciones deben entregar los documentos públicos en el formato requerido por los particulares, incluyendo copias certificadas

noticiaTras la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales local, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) resolvió un recurso de revisión estrictamente vinculado con dicha materia. En este caso, los comisionados abordaron tanto la relevancia de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos ARCO –que se refieren al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales– como de respetar la modalidad de entrega de los documentos especificada por los particulares.

Durante sesión de este órgano garante, la comisionada Miroslava Carrillo Martínez puntualizó que un particular solicitó al Poder Judicial copia certificada de una solicitud de información previamente formulada por él. Sin embargo, la dependencia le respondió que resultaba imposible expedir dichos documentos, puesto que ninguno de sus integrantes cuenta con la atribución necesaria para certificar las solicitudes de información pública, y lo orientó al Infoem. Inconforme, el particular acudió a esta institución, con el argumento de que el Poder Judicial le negó la copia certificada, pese a que el soporte documental requerido se encuentra bajo su resguardo.

Ante ello, la comisionada puntualizó que la Ley de Protección de Datos Personales prevé claramente diversas acciones que deben considerarse al atender las solicitudes relacionadas con los derechos ARCO. En primer término, resulta indispensable que las dependencias, previa acreditación, verifiquen la identidad del titular de los datos personales que desea ejercer sus derechos ARCO, hasta su determinación. En segundo lugar, la Ley contempla, como una de las modalidades de entrega de la información, la expedición de copias certificadas, razón por la cual la respuesta del Poder Judicial no se adecua a las prescripciones legales.

A fin de clarificar los argumentos planteados por el Poder Judicial, Carrillo Martínez explicó que, cuando el reglamento interior de una dependencia no prevé la asignación de la facultad de expedir copias certificadas a una unidad administrativa particular, ésta corresponde al titular del organismo, ya que funge como su represente legal. De igual manera, destacó que la leyenda de las copias certificadas emitidas a la luz del derecho de acceso a la información o de los derechos ARCO debe señalar, precisamente, que se trata de documentación destinada a satisfacer este tipo de solicitudes.

Para finalizar, los comisionados Myrna García Morón y Federico Guzmán Tamayo coincidieron con las afirmaciones de Carrillo Martínez, por lo que avalaron ordenar al Poder Judicial la entrega de la copia certificada requerida por el particular, una vez que éste se haya identificado como titular de los datos personales contenidos en ella.

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