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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :    11 de Febrero de 2013
Noticias

Uso de recursos públicos no debe clasificarse como secreto bancario
Toluca, México 11 de Febrero de 2013

  • Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Infoem, afirmó, durante el Primer Foro Nacional de Análisis y Reflexión, que este tema deberá estar presente en la Ley General de Transparencia

noticiaLa Ley General de Transparencia deberá establecer, de manera muy clara y precisa, aquellos supuestos que son de acceso público respecto de la información fiduciaria, bancaria o fiscal, porque el uso de los recursos públicos no debe clasificarse como secreto bancario, puntualizó Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

En el marco del Primer Foro Nacional de Análisis y Reflexión "La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México", celebrado en Tijuana, el comisionado expuso que, en aquellos casos en que una institución pública sea titular o ejerza recursos públicos, no podrá invocarse al secreto bancario como causa de reserva de la información, ya que no existe justificación para argumentar secrecía.

"Si el titular de la cuenta bancaria es un ente público, si a través de ésta se entregan recursos públicos, cuando se han aportado recursos públicos o lo que corresponde a la parte del financiamiento público recibido por dicha dependencia, la Ley General de Transparencia deberá establecer que no podrá invocarse el secreto bancario, fiscal o fiduciario para evitar revelar la información vinculada con esa cuenta", detalló Guzmán Tamayo.

De igual forma, dijo, si un particular solicita la información, la dependencia no podrá alegar el secreto fiduciario para negar su entrega, en el caso de que se constituya como fideicomitente o fideicomisario de un fideicomiso con carácter público. Tampoco podrá amparar la negativa bajo el secreto fiscal, ya que el fideicomitente es quien transmite los bienes, en tanto que el fideicomisario puede ser el propio beneficiario de los recursos públicos.

Guzmán Tamayo dijo que los citados argumentos tampoco resultan válidos cuando las dependencias reciben u otorgan beneficios de carácter fiscal, por lo que la Ley en la materia deberá prever que no se considere como información confidencial aquélla relativa a los subsidios, condonaciones, exenciones, estímulos fiscales o cualquier otro beneficio del mismo tipo, en cuyo caso se harán públicas las razones por las cuales se proporcionan los beneficios.

"Si alguna institución no paga un impuesto al cual se encuentra obligada, debe entenderse que esta información es pública, puesto que se dejaron de percibir recursos públicos y es necesario que la población conozca los motivos por lo que tal institución goza de dicho privilegio", explicó.

En estos casos, la dependencia gubernamental deberá hacer público el nombre, el monto y la razón que justifique este acto, lo cual también debe efectuarse cuando se otorga un subsidio, pues la sociedad tiene derecho a conocer a quién fue entregado.

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