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Noticias

Reformas en materia de transparencia deben privilegiar a los particulares
Toluca, México 11 de Octubre de 2012

  • Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Infoem, dijo que contar con un órgano de segunda instancia disiparía la desconfianza en algunos de los órganos garantes de transparencia

noticiaLas propuestas de reformas en materia de transparencia deben privilegiar a los particulares, a través de la creación de un instrumento de defensa administrativo previo al juicio de amparo, siempre como un acto opcional, dijo Federico Guzmán Tamayo, comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem).

El comisionado del Infoem explicó que, en las reformas que se propongan sobre este tema, el ejercicio del derecho de acceso a la información debe quedar óptimamente resguardado para los solicitantes, quienes tendrían la alternativa de refutar las decisiones de los órganos de transparencia de los estados mediante la impugnación ante un renovado órgano constitucional autónomo.

Al aplicar esta medida, refirió, se eliminaría la preocupación de que tener una instancia resolutora contradice la idea de procedimientos expeditos, sencillos y no judicializados.

"Este mecanismo de defensa asegura los principios de gratuidad, sencillez, rapidez y especialización en el ejercicio de este derecho fundamental. Se asegura la especialización porque la impugnación en segunda instancia se realizaría ante un órgano autónomo e imparcial", detalló.

En este panorama, el órgano revisor en segunda instancia tendría carácter administrativo no judicial y recibiría las impugnaciones mediante un sistema electrónico, tal como se hace actualmente, con un procedimiento fácil y gratuito para los solicitantes, quienes no necesitarían contar con asesoría legal para solventar sus inconformidades.

"Con esta alternativa, se elimina la necesidad de contratar a un abogado para impugnar, ya que se aplicarían las reglas de la suplencia de la queja. Incluso, se podría prever un plazo corto, de alrededor de 20 días hábiles, para que el nuevo órgano federal dicte una resolución definitiva", indicó.

Guzmán Tamayo abundó que dicho órgano, visto como un mecanismo de defensa adicional, no orillaría a los particulares a emprender un juicio de amparo, el cual constituye un procedimiento judicializado, que involucra reglas técnicas más estrictas y que implica la intervención de un abogado, lo cual lleva consigo un costo económico para los solicitantes, aunado a la exigencia física de traslado y la tardanza para obtener una respuesta final.

De esta forma, este mecanismo de defensa alterno sería un instrumento de eficiencia institucional que disiparía la desconfianza en algunos de los órganos garantes de transparencia de los estados, que también contarían con el incentivo para emitir resoluciones mejor fundamentadas, al saberse revisados en su actuación por un órgano especializado.

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