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Inicio   : :   Sala de Prensa   : :   Noticias   : :    06 de Marzo de 2012
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El infoem ordena atender las solicitudes de información de manera exhaustiva y expedita
Toluca, México 06 de Marzo de 2012
  • En la aprobación de dos recursos de revisión, sobresalió la importancia de respetar los principios de exhaustividad, publicidad, suficiencia, veracidad y precisión en la atención de las solicitudes de información

noticiaDurante la 8ª sesión ordinaria del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem), el Pleno de este órgano garante analizó, sometió a votación y aprobó un conjunto de 20 proyectos de resolución de recursos de revisión y 11 negativas de información, interpuestas por los particulares dentro y fuera del plazo de 15 días hábiles establecido por la Ley de Transparencia local. Entre los temas abordados a lo largo de esta actividad, destacaron temas vinculados con la importancia de privilegiar los principios de exhaustividad, publicidad, suficiencia, veracidad y precisión en la atención de las solicitudes de los particulares.

Luego del análisis del recurso de revisión 00094/INFOEM/IP/RR/2012, el Pleno ordenó al Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (Icati) la entrega de los documentos relativos a las declaraciones fiscales de 2000 a 2010, luego de que un particular recibió únicamente, como respuesta a una solicitud, los acuses de recibo de las actuaciones a través de los formatos electrónicos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de los ejercicios de 2007 a 2011.

El comisionado Federico Guzmán Tamayo puntualizó que el Icati justificó la entrega de la información incompleta con el argumento de que no existe obligación legal para conservar documentos con una antigüedad mayor a cinco años. Sin embargo, advirtió que la dependencia no efectuó una búsqueda exhaustiva en el archivo histórico correspondiente ni emitió la declaratoria de inexistencia con las formalidades establecidas por la Ley de Transparencia local, lo cual invalida dichos fundamentos.

También enfatizó que los acuses de recibo no corresponden con los datos requeridos, pues aluden a un documento fuente específico, denominado declaración anual, que es efectivamente generado por la institución. De acuerdo con el Código y el Reglamento Fiscal de la Federación, todos los organismos gubernamentales se encuentran obligados a rendir este tipo de informes, ya que atestiguan la administración eficiente de los recursos públicos, lo que constituye uno de los pilares del régimen de transparencia.

Por estas razones, el Pleno ordenó al Icati realizar una búsqueda exhaustiva de las declaraciones fiscales, en los términos estipulados en los criterios de este órgano garante. En caso de que se localicen, deberán entregarse en versión pública, previa supresión de los datos personales de los servidores públicos, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de la Población (CURP) y los descuentos de nómina ajenos a los impuestos. Si ya no obran en ningún archivo, el Comité de Información tendrá que emitir la declaratoria de inexistencia, en apego a la Ley de Transparencia.

En un sentido semejante, después del análisis del recurso de revisión 00148/INFOEM/IP/RR/2012, el Pleno ordenó al Ayuntamiento de Coyotepec la entrega, a través del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (Sicosiem), de soportes documentales que avalen el monto de los sueldos cobrados, mes por mes, por el presidente municipal, en el lapso de agosto de 2009 a diciembre de 2011. Esto, luego de que el Comité de Información de la alcaldía no respondió al requerimiento de un particular, quien, como resultado, manifestó su inconformidad ante este órgano garante.

La comisionada Myrna García Morón destacó que la falta de atención a las peticiones de información de los particulares constituye una violación a la Ley de Transparencia local, pues atenta contra los criterios de máxima publicidad, veracidad, precisión y suficiencia que regulan la rendición de cuentas; además, transgrede uno de los derechos fundamentales de los regímenes democráticos.

Por otro lado, afirmó que, de acuerdo con el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Ayuntamiento tiene la obligación de generar y resguardar la nómina de los servidores públicos, la cual se define como un documento que permite verificar el nombre, cargo, categoría y sueldo de quienes laboran en las instituciones y reciben una remuneración derivada del gasto de recursos públicos. De hecho, esta razón justifica su publicidad, dado que la sociedad tiene derecho a saber cómo se administra el dinero en manos de los organismos gubernamentales.

Sin embargo, la comisionada García Morón puntualizó que los documentos solicitados deberán entregarse en versión pública; es decir, luego de haber eliminado los datos personales presentes en la nómina, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la clave del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y los descuentos ajenos a los impuestos marcados por la ley, con la finalidad de proteger la privacidad y la seguridad del presidente municipal. En contraste, deben mantenerse a la vista los siguientes elementos de información pública: nombre completo del funcionario, cargo, periodo pagado, monto del sueldo neto y bruto, compensaciones, prestaciones, aguinaldos y bonos, con el propósito de favorecer el escrutinio puntual de la erogación de los recursos públicos.

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