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El derecho de acceso a la información no contribuye a la inseguridad
Toluca, México 15 de Junio de 2010

  • Infoem imparte capacitación a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
  • Los sueldos y remuneraciones son información pública de oficio

noticiaUna de las preocupaciones fundamentales para los servidores públicos es que cuando les piden información referente a sueldos y remuneraciones temen ser sujetos de extorsión o de secuestros y no la entregan, así lo manifestaron algunos asistentes a la capacitación que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem) impartió a los municipios de Xalatalco, Zinacantepec, Universidad Mexiquense del Bicentenario y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Verónica Hernández Alcántara, Coordinadora de Proyectos del Comisionado de este órgano garante, Sergio Arturo Valls Esponda, explicó a los interesados, el fundamento jurídico sustentado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que obliga a los sujetos obligados el que den a conocer la información pública de oficio y puntualizó que los sueldos y remuneraciones pertenecen a ese rubro, porque es dinero público que tiene que ser transparentado y que existen dependencias que ya tienen esta información en sus portales de transparencia, lo que les ahorra muchas solicitudes.

Por otro lado Hernández Alcántara explicó el procedimiento de acceso a la información, así como las funciones primordiales de los titulares de las unidades de información y de los servidores públicos habilitados.

Por su parte Leticia Nolasco Vázquez, Subdirectora de Vigilancia señaló que el Infoem tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho de acceso a la información pública y que cuando el sujeto obligado incumple de manera dolosa, este órgano garante se convierte en sancionador.

Nolasco Vázquez puntualizó que el derecho de acceso de información pública es un derecho fundamental tan importante como nuestra propia libertad, por esta razón indicó que la ley en la materia prevé sanciones de tipo administrativo, civil y penal a los servidores públicos que no cumplan con los ordenamientos jurídicos que se plasman con esta normatividad.

Hizo hincapié en que la resistencia para entregar información pública no se debe a un riesgo inminente derivado de la delincuencia organizada, sino al temor del servidor público de ser evidenciado en el manejo de los recursos o en la organización de sus archivos, ya que el crimen organizado no utiliza el derecho de acceso a la información para acceder a datos.

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